A callar las armas
Colombia será la sede del Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización que se realiza durante el mes de agosto. La creciente militarización de las relaciones de Estados Unidos con América Latina tiene raíces viejas y una relación directa con el despojo de los territorios, la explotación de los recursos naturales, las violaciones a los derechos humanos, la imposición de su modelo económico sobre los derechos de los pueblos, con efectos diferenciados para las mujeres. Este será el eje del Encuentro que busca trazar una agenda de trabajo hacia la desmilitarización de las Américas.
El rapto de las sabinas cuenta cómo los romanos secuestraron a las mujeres de la tribu de los sabinos y luego ellos en venganza atacaron a los romanos generando una cruenta guerra. Este relato mitológico describe la práctica antigua que ha perdurado a lo largo de la historia de los conflictos armados de considerar a las mujeres como un botín de guerra, pero también señala cómo estos relatos se han encargado de naturalizar o presentar estas violaciones a los derechos de las mujeres como anécdotas o historias románticas.
Frente a las mujeres, las armas sirven para matar o herir, pero también para violar, comprar, ejercer control sobre su vida sexual y afectiva, su manera de vestir, sus costumbres y su participación social y política, dentro de un machismo que se desborda en los escenarios de guerras y conflictos armados, pero que no es exclusivo de ellos. Gran parte del mundo vive hoy inmerso en este sistema patriarcal, capitalista y guerrerista que se sirve de las armas para controlar a las personas, los territorios y los recursos estratégicos.
En los últimos 20 años, América ha elevado en un 50% su gasto militar y Estados Unidos sigue estando a la cabeza de estas cifras, muy por encima del resto de países, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz, SIPRI, del año 2009, que también revela que Estados Unidos destinó 661.000 millones de dólares al gasto militar, Brasil, 261.000 millones, Colombia 10.000 millones, México 5.490, Chile 5.000 y Venezuela 3.254 millones. Después de Brasil, Colombia es el segundo país en dedicar parte de su PBI, 3,7%, al gasto militar.
Mientras se invierten enormes cantidades de dinero en armas, uniformes, equipos sofisticados de vigilancia y seguridad, millones de personas no tienen acceso al agua potable, la alimentación, la salud y la educación. Por su condición histórica de discriminación social, política y económica, la negación de estos derechos tiene un efecto diferente y más grave para las mujeres, además de aumentar su carga de trabajo doméstico y de cuidado cuando el Estado no asume las obligaciones sociales que le corresponden.
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